En defensa de lo público

 

De nuevo asistimos, como si del final del carnaval se tratara, al entierro de la sardina con la salvedad  que, esta vez, la sardina  es, como era de esperar, doble: sanidad y  escuela pública.
Cuando hay crisis, sea del tipo que sea, lo más fácil es atentar contra lo público que, al ser de todas y todos,  parece ser  lo más vulnerable y fácil de tumbar. Cuando la crisis  es económica y asoma sus terribles fauces es cuando las personas encargadas de gestionar el poder y el control pretenden que nos olvidemos de la importancia de estos dos pilares sociales y  con tal de llenar las arcas, al precio que sea, abordan la cuestión del ahorro mercantilizando dos derechos básicos de los ciudadanos.

Nadie debe olvidar que la enseñanza pública es un derecho adquirido y contemplado en nuestra constitución. Todo ciudadano debe aspirar a una educación de calidad y ningún gobierno, sea del color que sea, debe escatimar a la hora de mantener este derecho.

La dignidad implica calidad. Suprimir servicios, en ambos sectores, en nombre de una redimensión de los recursos con la finalidad de dar mayor calidad es una falacia. Llamemos a las cosas por su nombre y digamos claramente que de  lo que se trata es de ahorrar  a costa  de los grupos sociales  menos favorecidos y privilegiados.

Disfrutar de una sanidad y  una educación de calidad, independientemente de la cuna en la que se haya nacido,  es algo que todas las personas, por el hecho de haber nacido, debemos tener asegurado y nada ni nadie debe utilizar estos dos elementos como armas arrojadizas para solucionar los problemas económicos de un país. Seguramente que hay otras soluciones mucho más coherentes para afrontar la crisis que las que se están barajando y empleando a la hora de reducir gastos. Otra cuestión bien diferente, de la que soy partidario, es efectuar una gestión racionalizada de los recursos. Así pues, por ejemplo en educación, si queremos ponernos manos a la obra en la cuestión del ahorro se podría comenzar por retirar los conciertos con aquellos centros donde la escuela pública puede afrontar  y cubrir las necesidades educativas del alumnado que, a día de hoy, es atendido en  centros  con titularidad ambigua “llamados concertados”. Centros que, beneficiándose de las ayudas estatales, evitan asumir los riesgos económicos y empresariales de la titularidad que realmente les corresponde, por su ideario, que es la de centros privados. No olvidemos que la libertad de enseñanza, en nuestro país,  contempla dos modelos educativos que vienen a ser las dos caras de una misma moneda: enseñanza pública, para toda la ciudadanía, y privada para aquellas personas  que optan por costearse, de su propio bolsillo o por cualquier otra fuente, un modelo educativo para sus hijas e hijos más acorde con su mentalidad o ideología, su nivel socioeconómico y cultural o simplemente con su status social.

No pretendo, ni es el objetivo de este artículo, juzgar u atacar otros modelos educativos (léase concertada/privada) y mucho menos a sus equipos docentes porque considero que doctores tiene la iglesia para ello. Entiendo, además, que la libertad de las familias a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijas e hijos está por encima de todo. Lo que pretendo, es reflexionar sobre la importancia de defender un bien común  como la escuela pública cuyo objetivo último es formar ciudadanas y ciudadanos amparándose en la igualdad de derechos y oportunidades que, de no ser así, esa formación sería inviable para un sector muy amplio de la población.

La escuela pública debe estar protegida e incluso mimada porque es nuestra, de las ciudadanas y ciudadanos, porque de sus aulas saldrán muchas y muchos profesionales que, con su trabajo y formación, continuarán la evolución social, cuidarán  de nosotros en el futuro y continuarán con el desarrollo y el progreso socioeconómico de nuestra sociedad. 

Como maestro que soy de la escuela pública no puedo mirar hacia otro lado, como si no pasara nada, y  me veo y siento en la obligación, desde este espacio y cualquier otro ámbito, de  levantar mi voz para protestar contra la actitud de aquellas y aquellos que quisieron y quieren, mediante argucias políticas, restar calidad a nuestra escuela, devaluando y deformando el trabajo de muchos profesionales, con la finalidad de obtener beneficios económicos a costa de ratear en el sostenimiento de un derecho adquirido.  

¡POR UNA ENSEÑANZA PÚBLICA DIGNA Y DE CALIDAD!